Los empleados públicos, funcionarios o políticos pueden verse arrastrados a procesos judiciales largos por supuestas responsabilidades incurridas en el ejercicio de sus funciones. Esta clase de litigios no sólo suponen una amenaza financiera para ellos sino que también pueden generar graves desequilibrios en la entidad a las que pertenecen. Su cliente, como gestor de la Administración Local, su familia y patrimonio personal (su casa, su coche, sus pensiones, etc…) están en riesgo si las cosas salen mal.